QUÉ HACEMOS
Nuestro trabajo principal consiste en activar y desarrollar el apoyo intersectorial global para un crimen internacional de ecocidio. Con más de 10 años de experiencia colectiva e historia en este trabajo, colaboramos con diplomáticos, políticos, abogados, líderes empresariales, ONG, grupos indígenas y religiosos, personas influyentes, expertos académicos, movimientos sociales, particulares y una amplia red de grupos aliados con este fin.
Nuestro trabajo se sitúa en la intersección de los avances legales, la tracción política y la narrativa pública, y por lo tanto está en una posición única para apoyar y amplificar la conversación global.
Evento oficial "Investigación y enjuiciamiento del ecocidio: el papel actual y futuro de la CPI" organizado por la República de Vanuatu en el marco de la 18ª Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en La Haya.
La vía que defendemos es la de modificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), el único mecanismo mundial que accede directamente a los sistemas de justicia penal existentes en sus 123 Estados miembros.
Los Estados miembros que lo ratifiquen deberán incluirlo en su propio derecho interno, creando una norma uniforme en todas las jurisdicciones. De este modo, los ecosistemas más preciados de la Tierra podrán protegerse y recuperarse.
PROGRESO:
Vanuatu pide a la Corte Penal Internacional que considere seriamente el reconocimiento del crimen de ecocidio
En noviembre de 2020, nuestra organización benéfica, la Fundación Stop Ecocidio, convocó al Panel de Expertos Independientes para la Definición Legal del Ecocidio a petición de los parlamentarios interesados de los partidos gobernantes en Suecia. El innovador trabajo del panel se anunció en junio de 2021. Los "Comentarios y Texto Básico" completos pueden encontrarse aquí.
El interés por criminalizar el ecocidio es ya un asunto de dominio público a nivel parlamentario y/o gubernamental en los siguientes países a través de mociones, resoluciones, preguntas parlamentarias, peticiones, libros blancos o propuestas de ley completas: Bangladesh, Brasil, Bolivia, Bélgica, Chile, Finlandia, Francia, Canadá, Luxemburgo, Maldivas, Países Bajos, Escocia, España, Suecia, Reino Unido y Vanuatu, así como en el Parlamento Europeo, el Consejo Nórdico y la Unión Interparlamentaria.
Stop Ecocidio International es la fuerza motriz y el centro de comunicaciones del creciente movimiento mundial para convertir el ecocidio en un crimen internacional.
El trabajo principal cuenta con el apoyo y el progreso de una amplia red de más de 45 equipos y grupos asociados en todo el mundo.
Actualmente hay equipos y grupos asociados en (por orden alfabético): Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Chipre, Corea, Croacia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Irlanda, Italia, Irán, Kenia, Mauricio, México, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República Democrática del Congo, Serbia, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Uganda, Venezuela y Zambia.
Hay más de 50.000 firmantes de la sociedad civil y grupos religiosos, más de 22.000 Protectores/as de la Tierra, diferentes colectivos activos y un número creciente de empresas y organizaciones simpatizantes.
ÚLTIMAS NOVEDADES (comunicados de prensa)
![VOTACION DIRECTIVA CRIMENES PARLAMENTO EUROPEO 27 Feb 2024 (SQ) [FINAL].png](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5dc6872e31b7714fd3f72993/e950c9d1-f7e7-4c4c-9c41-d45952c831c6/VOTACION+DIRECTIVA+CRIMENES+PARLAMENTO+EUROPEO+27+Feb+2024+%28SQ%29+%5BFINAL%5D.png)
LOGROS MÁS DESTACABLES HASTA AHORA:
10 años de difusión del concepto de ECOCIDIO a nivel mundial realizados por nuestra co-fundadora y abogada visionaria británica, la difunta Polly Higgins (1968-2019)
4 años de apoyo diplomático a los pequeños Estados insulares en la Asamblea anual de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional.
Un equipo especializado de investigadores, abogados penalistas internacionales y representantes diplomáticos trabajando con nosotros
El Papa Francisco hace un llamamiento para tipificar el ECOCIDIO como crimen, utilizando la definición de Polly Higgins (noviembre 2019). Más información aquí
Los pequeños estados insulares vulnerables de Vanuatu y las Maldivas hacen oficialmente un llamamiento para que se considere seriamente el crimen del ecocidio en la Corte Penal Internacional (diciembre de 2019). Más información aquí
El movimiento obrero sueco y el Centro Internacional Olof Palme piden que el ecocidio se convierta en crimen en la Corte Penal Internacional (marzo 2020). Más información aquí
La Comisión ENVI (Comisión de Medio Ambiente) del Parlamento Europeo apoya el reconocimiento del ecocidio (enero 2021) Más información aquí.
Resolución aprobada casi por unanimidad en la reunión mundial de parlamentos. Samuel Cogolati, presidente de la delegación belga que está detrás de esta histórica propuesta, fue inequívoco: "Es la primera vez que surge un consenso internacional tan amplio para el reconocimiento del ecocidio como crimen. La marea de la opinión política está ahora con nosotros" (mayo 2021).
Por encargo de la Fundación Stop Ecocidio, un Panel de Expertos compuesto por 12 juristas internacionales de gran prestigio en materia penal y medioambiental de todo el mundo, concluye seis meses de deliberaciones. El resultado: una definición jurídica del "ecocidio" como posible 5º crimen internacional, que se suma al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión (junio 2021).
La Red Internacional de Gobernanza Corporativa (ICGN, por sus siglas en inglés), una red mundial dirigida por inversores cuyos miembros controlan más de la mitad de los activos gestionados en el mundo (59 billones de dólares), hace un llamamiento a los gobiernos para que colaboren a nivel internacional en la penalización del ecocidio (octubre 2021). Más información aquí.
La Asamblea Ciudadana Global vota a favor de que el crimen de ecocidio se consagre en las leyes internacionales y nacionales, y que se aplique con firmeza (noviembre 2021). Más información aquí.
26 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Iglesia de Suecia, WWF Suecia y el Centro Internacional Olof Palme, piden que en la conferencia de la ONU Estocolmo+50 se den pasos radicales hacia la justicia medioambiental y climática global. Una de sus exigencias es que el ecocidio se convierta en un delito internacional (mayo 2022). Más información aquí.
Cerca de 200 líderes religiosos y representantes de las confesiones de todo el mundo pidieron la criminalización del ecocidio en una declaración interconfesional dirigida a la reunión internacional Estocolmo+50 de la ONU (junio 2022). Más información aquí.
La Corte Penal Internacional (CPI) celebró 20 años desde que abrió sus puertas en julio de 2002. Con motivo de esta efeméride se celebró una conferencia de un día de duración en La Haya, y en la última sesión del día, centrada en el futuro de la Corte, se debatió de forma destacada el ecocidio como posible quinto crimen del Estatuto de Roma (julio 2022). Más información aquí.
Una declaración de la 11ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), que tuvo lugar en Karlsruhe (Alemania), pidió que se apoye la ley del ecocidio como una forma nueva y reforzada de exigir responsabilidad (septiembre 2022). Más información aquí.
Incluir el delito de ecocidio en la Directiva sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, actualmente en proceso de revisión, ha sido apoyado por cuatro de las cinco comisiones del Parlamento Europeo: la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria ("ENVI"), la de Desarrollo ("DEVE"), la de Peticiones ("PETI") y más recientemente la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ("LIBE") (febrero 2023). Más información aquí.
Tras año y medio de investigación y redacción, el prestigioso Instituto de Derecho Europeo (ELI) publicó su Informe sobre Ecocidio: Normas Modelo para una Directiva de la UE y una Decisión del Consejo. La ley modelo se inspira en la definición internacional consensuada por nuestra Fundación, al tiempo que introduce ajustes para el contexto de la Unión Europea y determinadas consideraciones jurídicas pertinentes para el Derecho de la UE (febrero 2023). Más información aquí.
Siguiendo la dirección establecida en las cuatro Comisiones parlamentarias que ya fueron consultadas, la última de ellas y la más importante en el contexto de esta Directiva, la Comisión de Asuntos Jurídicos (conocida como JURI), votó por unanimidad a favor de incluir los delitos medioambientales más graves - conocidos ampliamente como "ecocidio" - en su propuesta de texto de la Directiva (marzo 2023). Más información aquí.
Tras una histórica votación unánime de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Parlamento Europeo anunció su apoyo a la inclusión del "ecocidio" en la Directiva sobre delitos de la Unión Europea en proceso de revisión (marzo 2023). Más información aquí.
El 29 de marzo de 2023 se hizo historia a ambos lados del Atlántico. En Bruselas, el Parlamento Europeo propuso por unanimidad incluir el "ecocidio" en la legislación de la Unión Europea, mientras que en Nueva York, una resolución de la Asamblea General de la ONU pedía una Opinión Consultiva jurídica sobre las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático (marzo 2023). Más información aquí.
¿PRÓXIMOS PASOS ?
Nuestra estrategia de campaña consiste en promover una simple demanda a los gobiernos: “Apoyad que el ECOCIDIO se convierta en un crimen internacional.”
Nuestra posición es que se trata de una oportunidad política segura y eficaz:
Segura porque para que la ley entre en vigor, muchos países deben apoyarla, no es necesario correr riesgos económicos en solitario.
Eficaz porque, cuando entre en vigor, será aplicable en todos esos países, lo que proporcionará apoyo mutuo y seguridad.
Oportunidad porque es una forma concreta y de bajo riesgo de mostrar un verdadero liderazgo en la crisis climática y ecológica.
La definición legal de ecocidio recientemente completada por el Panel de Expertos Independientes será de inestimable ayuda en este sentido. Equilibrada y práctica, dará a los Estados una idea clara de lo que están haciendo, y proporcionará a la sociedad civil una demanda legislativa clara.